En 2010, Chelsea Manning, era una analista de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos de 22 años en Irak, cuando tomó una decisión que le costaría siete años de libertad, su tranquilidad y su salud mental.
Difundió cientos de miles de archivos clasificados a #WikiLeaks, documentos que revelaban muertes de civiles, torturas y dinámicas de enfrentamiento que contradecían la versión oficial de las guerras en Irak y Afganistán.
Entre estos estaba el video luego conocido como Collateral Murder: ametralladores de helicópteros estadounidenses que matan a civiles y a dos periodistas de Reuters en Bagdad, riéndose por radio, para luego disparar de nuevo contra una furgoneta que llegó para prestar ayuda con niños a bordo.
Los archivos demostraban que no se trataba de una anomalía. Era un modelo que todos los implicados conocían y estaban acostumbrados a sus reglas.
La respuesta del gobierno fue inmediata. Manning fue arrestada, acusada en virtud de la Ley de Espionaje y mantenida en aislamiento durante casi un año en condiciones que la ONU definió como "crueles, inhumanas y degradantes".
En 2013 la condena fue de 35 años, la pena más larga jamás impuesta por la difusión de información a la prensa.
El mensaje era claro: denunciar crímenes de guerra sería tratado como traición.
El debate público se centró en Manning y sus motivaciones, su salud mental, su identidad de género, en lugar de las pruebas que había revelado. Su persona fue marginada, ridiculizada, deshumanizada. La punición no fue solo la prisión, sino la disuasión: una advertencia para cualquiera que hubiera pensado en hablar.
Mientras tanto, ¿los crímenes que había revelado? Nadie fue incriminado. Ninguna investigación iniciada. Ninguna responsabilidad.
Sus revelaciones, no obstante, dejaron una profunda huella, remodelaron la relación del periodismo con la información clasificada. Han impuesto preguntas que los gobiernos habían evitado durante mucho tiempo: ¿cuántos civiles están muriendo? ¿Cuáles son las verdaderas reglas de enfrentamiento? ¿Qué sucede con los detenidos que afirman respetar, no torturar?
Pero el precio se pagaba todos los días dentro de una celda. Manning no se benefició de ello. Perdió su libertad, su privacidad, su seguridad. Fue castigada nuevamente en 2019 por negarse a testificar contra Julian Assange.
Su historia no habla de redención, sino de consecuencias, de lo que ocurre cuando la verdad amenaza al poder.
La Ley de Espionaje no prevé ninguna defensa de interés público. Criminaliza la divulgación. Lo que significa que los denunciantes no pueden sostener que revelar ilícitos sirva a la democracia.
Resultado: el secreto protege a las instituciones, no a los ciudadanos.
El presidente Obama conmutó la pena de Manning en 2017, pero los daños eran permanentes. Su salud, su privacidad, su capacidad de vivir libremente quedó marcada.
Sin embargo, las pruebas que ha difundido permanecen. La verdad no puede ser clasificada de nuevo.
Manning mostró al mundo cómo es la guerra moderna cuando las cámaras no están invitadas. El precio de su honestidad fueron siete años de prisión. El costo del silencio lo habrían pagado aquellos cuyas muertes nunca hicieron noticia.
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